El catálogo de Memoria Republicana agrupa catorce años de trabajo archivístico sostenido por un equipo de catorce historiadores, seis archiveros profesionales y tres genealogistas titulados, con sede en el antiguo edificio de la Editorial Castalia, en la calle Atocha. Cada ficha ha sido revisada, datada y cruzada con fuentes secundarias antes de ponerse a disposición de los suscriptores; ningún documento entra en el corpus sin trazabilidad archivística verificable.
La cobertura se extiende desde las primeras Cortes constituyentes de 1931 hasta los expedientes de la Ley de Memoria Democrática, e incluye fondos privados, ateneos libertarios, actas de la Causa General, expedientes del Tribunal de Orden Público, correspondencia del exilio en Francia, México, Argentina, Cuba, Chile, Uruguay, Venezuela, Rusia y Argelia, así como registros orales recogidos por nuestro equipo entre 2012 y 2024. Los acuerdos firmados con veintitrés universidades públicas —entre ellas la Complutense, la Autónoma de Madrid y la de Salamanca— permiten además la consulta remota de fondos custodiados en sus dependencias.
El catálogo no compite con instituciones públicas como el Centro Documental de la Memoria Histórica; las complementa. Nuestra función es otra: servir a quienes investigan a distancia, a las familias que reconstruyen su genealogía, y a los documentalistas que necesitan material primario con procedencia verificada. El tiempo medio de localización de un expediente de represaliado es de nueve días laborables, frente a los cuatro a ocho meses de una solicitud presencial en archivo físico.